17-11-2011  |  10:53

El querellante autónomo en los delitos de acción pública

Por Prof. Eduardo M. Jauchen

A modo de introducción podemos afirmar que una visión histórica de la función acusatoria sugiere nítidamente, a lo largo de los tiempos, que dicha actividad inicialmente se apoyó sobre lo privado y posteriormente fue absorbida por lo público. En el principio era el ofendido quien reivindicaba con los procedimientos de la época la afectación a su persona o bienes, luego paulatinamente esta labor fue erigiéndose como una función pública, hasta llegar a ser, en algunos sistemas, totalmente monopolizada por el Estado.

La agrupación del ser humano en sociedades organizadas llevó consigo la prohibición de la defensa propia de los derechos en todos los casos. La venganza individual fue sustituida por los poderes del Estado mediante sus órganos e instituciones predispuestos a tales efectos. Lo que primitivamente configuraba una pretensión del agraviado o sus familiares mediante una demanda de castigo que se confundía sustancialmente con la acción civil pasó luego, de este modo de persecución privada al de acusación popular, solventada por las nuevas ideologías surgidas en Grecia y Roma, postulando que ciertos delitos afectan a la colectividad toda y no sólo a la persona del ofendido. En este caso cualquier ciudadano tenía el derecho de acusación. Sin embargo, con el tiempo se fueron advirtiendo las falencias que aparejaba este sistema debido a que siendo sólo los particulares los que podían excitar la promoción de los juicios, su inactividad traía como consecuencia la impunidad en muchos casos. De ahí que en las postrimerías del Imperio Romano sobrevino la postura de iniciar las acciones oficiosamente por los magistrados del Estado. Y esta modalidad, que en sus comienzos se estructuró para casos excepcionales, terminó en época de la inquisición, convirtiéndose en la regla.

Luego de advertirse que la unificación en la persona del Juez de las funciones de acusar y juzgar conspira contra el principio de imparcialidad, se llega a la implantación del sistema de la acción pública, que con su origen en Francia se proyectó en todo el continente Europeo, y bajo el imperativo de que la persecución penal debía ser ejercida por el Ministerio Público Fiscal como único órgano encargado de su promoción, se configura el antecedente más claro de la estructura luego adoptada por la legislación argentina.

Argumentos en pro y en contra

Los contrarios a que la víctima sea parte en el proceso, sea con carácter adhesivo o autónomo, sostienen –en resumen- que es un retroceso en cuanto se supone que el ofendido busca comúnmente la venganza y con ello se corrompen los fines del proceso. Añaden también que la incorporación del querellante ofendido importa un agregado de partes acusadores que sumada a la del Ministerio Público Fiscal configuran una desigualdad para el imputado y la defensa.

Ninguno de ambos argumentos resiste el análisis si se tiene presente que jurídicamente resulta absolutamente irrelevante cuales sean las pasiones o las motivaciones anímica interna de la persona que se presenta como parte en juicio: si ánimo de lucro, de publicidad, de aventura o de venganza, etc.; pues cualquiera sea su actuación dentro del proceso, está regulada por normas que le imponen deberes y otorgan derechos con total prescindencia de sus fines íntimos y cuya observancia garantiza cualquier abuso o desborde por la parte que ejerce cualquier instancia durante su desarrollo. Esto ultimo también vale para el segundo argumento referido a la supuesta desigualdad. Pero además, el fundamento de la desigualdad no puede ser traído sensatamente como tal, pues qué acontecería entonces con aquella víctima que ha sido lesionada gravemente por una “patota” de seis personas a las cuales luego querella, encontrándose en el proceso con seis defensores en su contra. A mi entender en ninguno de los supuestos se puede hablar de desigualdad en tanto quien decide es el órgano jurisdiccional en base a las pruebas incorporadas regularmente al proceso y conforme a las disposiciones constitucionales y procesales. Se advierte así que lo que realmente interesa es otorgarle a cada parte todas las posibilidades adecuadas para ejercer su derecho de defensa, balanceando el órgano jurisdiccional los tiempos que se le conceden a cada una para que se exprese, por ejemplo, tanto en la exposición inicial como en los alegatos conclusivos.

La secuencia del proceso penal argentino puede extraerse de la hermenéutica de los arts. 60 y 115 de la Constitución Nacional, esto es la de acusación, juicio y castigo. Sin embargo, no existe disposición constitucional alguna que expresamente establezca un sistema específico sobre el modo y demás caracteres de cómo ejercer la acusación; recordando además que el nuevo art. 120 otorga al Ministerio Púbico la función de “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad...”, pero no hay norma constitucional alguna que establezca que el ejercicio de la acción penal pública estará exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal, como tampoco la hay que prohiba a la víctima del delito ser parte en el proceso con el fin de promover y proseguir dicha acción ejerciendo su derecho como tal.

Otro de los argumentos en contra del ofendido como querellante es haber interpretado que cuando el art. 71 del Código Penal establece que “Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales...”, se extraía que el término “deberán” importaba que la acción penal pública solo estaba en cabeza del Estado y en consecuencia ejercitable únicamente por su órgano predispuesto a tal efecto, o sea, el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la interpretación correcta del vocablo “deberán” empleada por el legislador solo alude a que según los principios de oficiosidad y oficialidad el Ministerio Público debe promover la acción penal cuando es pública sin necesidad de excitación extraña de ninguna persona o autoridad, pero en modo alguno que es el único y exclusivo facultado para hacerlo. Por lo tanto nada obsta que al no estar prohibido por la Constitución Nacional ni por el Código Penal, la víctima del delito tenga la legitimación para solicitar la actuación de la justicia promoviendo la acción penal pública correspondiente y ejercer su pretensión punitiva en contra de quien o quienes son responsables penalmente del hecho por el cual resulta ofendido. Actuará luego de hacerlo en forma conjunta con el Ministerio Fiscal si este asume una actitud incriminatoria, o bien lo hará solo y en sustitución del mismo cuando la Fiscalía decida archivar las actuaciones por cualquier causal. Dejando a salvo que lo que no se puede hacer es condicionar la actuación del Ministerio Fiscal a la promoción del particularmente ofendido.

El tema tiene su ultima palabra en el emblemático pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que al resolver el caso “Santillán” declaró que: “La exigencia de acusación, como forma sustancial en todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal requisito contenga distingo alguno respecto del carácter público o privado de quien la formula, razón por la cual nada obsta a que el querellante realice dicha acusación ... Incumbe al legislador regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo, y todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma.”

Con igual temperamento se expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarando “el derecho de todo individuo a obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en que se establezcan la existencia o no de la violación de su derecho, se identifique a los responsables y se les imponga las sanciones pertinentes”

Puede entonces sostenerse que en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art. 18 de la CN. como la posibilidad en procura de justicia y de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional y obtener de él una sentencia útil relativa a sus derechos, en este caso la pretensión punitiva derivada del delito del cual se ha sido víctima es un derecho que no puede coartarse. . Añadiendo a ello los principios de acceso a la justicia, derecho a una tutela judicial efectiva y eficaz y a una vía judicial útil para defender los derechos, que surgen de la CADH y del PIDCP, permiten afirmar que cualquier procedimiento penal que no admita la figura del querellante otorgándole al ofendido la facultad de parte autónoma para promover y proseguir la acción penal pública, sin perjuicio de la participación conjunta del Ministerio Público Fiscal, es inconstitucional.

Diferentes sistemas de acusadores

En la antigüedad existió con gran prosapia histórica el llamado “acusador popular”, sistema según el cual frente al acaecimiento de un hecho delictivo cualquier ciudadano estaba legitimado para ejercer la acción pública con absoluta prescindencia de si era víctima o no del suceso; este sistema nunca rigió en nuestro país. Sí en cambio rige modernamente –como veremos- el genero del “acusador profesional” facultado a constituirse en querellante en tanto, por ejemplo, asociaciones intermedias cuyo objeto es la protección del bien jurídico tutelado por la norma penal que ha sido infringida provocándose un daño o poniéndolo en peligro

Otra categoría es la del “querellante adhesivo”, o sea, la persona ofendida por un delito de acción pública con derecho a presentarse como parte en la causa penal derivada del mismo pero con sus facultades limitadas en cuanto es dependiente y subordinado a la acción y prosecución ejercida por el Ministerio Público Fiscal. Como consecuencia, para adherirse a la acción penal ésta debe estar pendiente; carece del derecho de formular acusación, de solicitar la elevación de la causa a juicio si el Fiscal solicitó el sobreseimiento, y del derecho de recurrir ninguna resolución jurisdiccional que favorezca al imputado, como la desestimación de la denuncia, el archivo de la investigación, el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. En suma, es solo un colaborador del Ministerio Publico Fiscal.

La figura del “querellante autónomo”, a diferencia del anterior sistema, importa que el ofendido por el hecho delictivo puede promover y proseguir la acción penal pública con absoluta independencia de la actitud procesal del Fiscal , teniendo amplias facultades como parte en el proceso, para ofrecer pruebas, asistir a audiencias, recurrir la desestimación de la denuncia y el archivo de las actuaciones, el sobreseimiento y la sentencia absolutoria con total prescindencia de que el Fiscal también recurra o consienta dichas resoluciones; y, fundamentalmente ejerce su función de parte en el proceso con absoluta autonomía sin que en ningún caso su actividad este subordinada a directivas o conclusiones del Ministerio Público Fiscal.

La denominación de “querellante conjunto” importa jurídicamente que éste actúa en el proceso penal como parte acusadora a la par del Ministerio Público, pudiendo serlo en forma adhesiva o autónoma según sea la estructura procesal que el legislador adopte. Pero hay sistemas, como las de los digestos procesales penales de Guatemala, Costa Rica y ahora el de Santa fe, como veremos, en los que esta presencia acusatoria conjunta desaparece cuando abandonando el Fiscal la persecución penal por alguna de las instituciones que la ley procesal así se lo permite, el particular ofendido está facultado para continuar la acción pública mediante el procedimiento previsto para las acciones privadas sustituyendo de este modo al órgano acusador Estatal.

Todos ellos, a su vez, deben diferenciarse del ofendido por un delito de acción privada previstos en el art. 73 del Código Penal en los cuales él mismo puede promover la acción como querellante privado y exclusivo, esto es, como sujeto esencial por ser el único acusador legitimado en un procedimiento especial en el cual el Ministerio Público Fiscal no es parte.

Luego se tratará específicamente en cuales de estas categorías encuadran las posibilidades procesales del querellante particular por acción pública que regula el nuevo Código Procesal de Santa fe.

Concepto y legitimación del ofendido.

Todos los digestos procesales que aceptan al querellante como parte, como el nuevo código procesal penal de Santa fe, exigen que sólo el particularmente ofendido por el hecho delictivo puede constituirse en tal carácter. Es preciso entonces no sólo delimitar este concepto sino también diferenciarlo del damnificado, a primera vista emparentados y susceptibles de generar confusiones.

El ofendido es el titular de bien jurídico tutelado por la norma penal vulnerada por el delito concreto que le ha provocado un daño o lo ha puesto en peligro. Por otro lado, el damnificado, es el que sufre un perjuicio en su persona, física o moralmente, o un menoscabo patrimonial, a consecuencia del hecho.

Se advierte que si bien por lo general el sujeto pasivo del delito reúne las dos condiciones, en muchos casos no es así. La persona privada ilegítimamente de su libertad, no sólo es sujeto individual protegido por el Título V del Código Penal sino que además pudo haber sufrido, un daño moral, daños materiales y lucros cesantes, con derecho a resarcimiento. Por el contrario, el propietario de la unidad automotor dañada en un accidente de tránsito conducida por otra persona lesionada físicamente en el mismo, si bien es damnificado por el hecho no reúne la calidad de ofendido como éste último. Uno, el lesionado estaría legitimado para constituirse en querellante, mas no el simple damnificado que sólo podría hacerlo como actor civil.

Ahora bien, determinar en cada caso lo que la ley señala como la persona del ofendido no es tarea fácil. Por tal sólo debe entenderse, como vimos, el particular que titulariza el bien jurídicamente protegido por el tipo penal infringido y cuyo delito lo ha dañado o puesto en peligro. Sin embargo, no basta verse agraviado por las consecuencias del delito de algún modo mediato. Sólo reúne la condición que se requiere la persona que de manera especial, singular, individual y directamente resulta afectada por el daño o el peligro que el hecho ilícito penal lleva consigo, independientemente de que haya resultado perjudicado patrimonialmente.

Lo importante de la cuestión es que el daño o la puesta en peligro como consecuencia del delito que sufre la persona debe ser directa y no sólo una consecuencia o afectación mediata o indirecta.

Con el propósito de determinar dicha titularidad es preciso remitirse a los rubros de los títulos y capítulos del código penal que contienen a el o los tipos penales infringidos en el caso concreto y así establecer cuál es el bien jurídico tutelado. Sin embargo, muchas veces el bien protegido deberá escogerse luego de una tarea hermenéutica, conjugando la expresión literal del título y capítulo respectivo con los alcances específicos que el legislador ha depositado en el tipo penal concreto, ya que no siempre coinciden perfectamente el sentido de ambos, como por ejemplo, bien se cita el caso del delito descripto en el art. 162 en que no sólo se protege el derecho real de dominio sobre las cosas sino también la simple tenencia, de donde se advierte que la legitimación para constituirse en querellante tiene, es esta hipótesis un margen más amplio que la del exclusivo propietario.

Además, corresponde siempre hacer una interpretación extensiva o analógica tal como lo autoriza el art. 17 del Código Civil, siendo permisible para la interpretación de la ley penal en estos casos. En efecto, si según el art.11 del nuevo digesto CPPSfe se dispone que “será interpretada restrictivamente toda disposición legal que...limite el ejercicio de un poder conferido a los sujetos del proceso...”; necesariamente se debe extraer que a contrario sensu todas aquellas normas que no limiten sino que confieran derechos a las partes no pueden ser interpretadas restrictivamente sino, por el contrario, susceptibles de interpretación extensiva o analógica, esto es, estar a favor del ejercicio del derecho si así resulta de la interpretación por analogía o extensión a casos similares o comprendidos dentro del mismo ámbito de protección de la norma. Por lo tanto, en los supuestos de delitos cuyos bienes jurídicos tutelados son colectivos, universales o supraindividuales, como por ejemplo los “delitos contra la fe pública” habrá de estarse al caso concreto y ponderar si no obstante esa amplísima tutela para la sociedad, el pretenso querellante no es alcanzado por el mismo hecho sufriendo algún daño o peligro de alguna manera, en cuyo caso debe otorgársele legitimación como ofendido.

También es conveniente evitar el apego a la literalidad del bien tutelado mencionado en el Código, desde que en la mayoría de los casos ellos describen en cada título y capítulo el principal bien protegido lo cual no excluye la tutela de otros en forma secundaria o relacionados con el mismo y que surgen de la interpretación del tipo penal concretamente vulnerado. En suma, la determinación del bien jurídico en juego es materia de ponderación mediante estos mecanismos de interpretación en cada caso concreto.

Si bien el ofendido es el agraviado directo, en los supuestos de incapaces civilmente éstos actúan mediante sus representantes legales; y, en el caso de delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido, podrán ejercer ese derecho sus herederos forzosos. Esta posibilidad de que otras personas actúen en representación del directamente ofendido no quita a la actividad del querellante su carácter de personalísimo, ya que ellas no obran en tal caso en virtud de una transmisión de facultades sino por autorización legal en razón de la imposibilidad o incapacidad del directamente ofendido.

Una de las innovaciones relevantes y modernas que incorpora el nuevo código procesal penal de Santa fe es la legitimación para constituirse en parte querellante a toda “persona jurídica cuyo objeto fuera la protección del bien jurídico tutelado en la figura penal cuando se trate de delitos que afecten intereses colectivos o difusos.” ( art. 93) Se comprende así a toda entidad que teniendo personería jurídica tenga como finalidad la protección de intereses no individuales sino colectivos o difusos, como por ejemplo, las asociaciones de defensa contra el medio ambiente, la sociedad protectora de animales, instituciones de defensa del consumidor, etc.

Es parte en el proceso.

Otra de las características del querellante es su condición de parte en el proceso. Esta cualidad está expresamente conferida por la ley cuando en su art. 93 del CPPSFe alude al derecho del particularmente ofendido a constituirse “como parte querellante”. Y como tal es sujeto de derechos y obligaciones dentro del proceso conforme las disposiciones que el mismo digesto contiene. Es por lo tanto parte de la relación jurídico-procesal, pero es sujeto eventual de la misma, lo cual importa que su presencia en la causa no es indispensable para la validez de la relación procesal.

Es facultativo.

Como sujeto eventual que es dentro del proceso penal, la persona que ha sido ofendida por un hecho delictivo de acción pública no tiene obligación ni deber alguno de promover ni proseguir la acción penal. El derecho que le confiere la ley es solo facultativo.

Ejerce una función pública.

Aún cuando quien se presenta en calidad de querellante es un particular llevado por razones que generalmente responden sólo a sus intereses individuales, en el proceso cumple una función pública desde que la acción que promueve tiene naturaleza pública y, además, porque su finalidad objetiva es la realización del derecho penal mediante la aplicación de la pena impuesta al imputado, lo cual también es de naturaleza pública.

Su derecho es personalísimo.

Por último caracteriza al querellante su derecho personalísimo a presentarse como tal en el proceso. Esta facultad no puede ser transmitida convencionalmente ni por causa de muerte, sólo puede ser ejercida por la persona autorizada en la ley. En este sentido es menester aclarar que si bien el código concede el derecho de presentarse a los herederos forzosos del ofendido cuando éste hubiese fallecido a raíz del delito, dicha autorización legal no opera como transmisión por causa del fallecimiento sino que la ley confiere la legitimación activa a los familiares allí taxativamente enumerados poniendo directamente en cabeza de ellos el derecho de querellar. Estos, a su vez, por esa razón no pueden ceder dicho derecho; de donde se advierte que en estos casos se conserva el carácter de personalísimo.

El querellante en el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa fe ( ley 12.734 )

Conforme los conceptos expuestos cabe enfatizar que en el nuevo digesto para Santa fe el ofendido esta expresamente autorizado a promover la acción penal pública ( art. 16 ) e intervenir como parte en dicho proceso con amplias facultades (art. 93) y ejercer todos los derechos que el código le otorga. Si la acción ya hubiese sido promovida por el Fiscal tiene oportunidad perentoria para constituirse como parte durante la investigación preparatoria hasta la “audiencia preliminar” (art. 95), debiendo entenderse que en realidad su presentación debe serlo con anterioridad a la misma, pues para que se realice la mencionada audiencia ya debe haber presentado su acusación, tal como surge de la interpretación hermenéutica de los artículos 296 en función de los artículos 294; 287 y 288. Por lo tanto la caducidad se produce cuando habiendo estimado el Fiscal agotada la investigación formula acusación (cf. arts. 287; 294 y 296), por lo que si el querellante no se constituye con anterioridad a este acto del Fiscal la caducidad se produce de pleno derecho y sin lugar a recurso alguno (art. 95).

Si como consecuencia del delito no se hubiese iniciado acción alguna, el ofendido está facultado para promoverla (art. 93) presentado su querella ante el Fiscal correspondiente quien puede admitirla o rechazarla, resolviendo en este último supuesto el Juez de la investigación penal preparatoria (art. 96). Si se admite la querella se inicia la investigación penal preparatoria en la que el Fiscal y el querellante actuarán en forma conjunta, manteniendo sin embargo el ofendido su carácter autónomo desde que en ningún caso su actividad estará subordinada a directivas o conclusiones del Fiscal (art. 97 último párr.).

También actuará conjuntamente cuando el Fiscal hubiese él con anterioridad promovido la acción de oficio y luego el ofendido se constituye como parte querellante.

Puede entonces denominarse a este supuesto de actuar del ofendido, en el digesto Santafesino, como querellante particular autónomo y conjunto en los delitos de acción pública.

El otro supuesto se da cuando la investigación penal preparatoria queda a cargo del querellante particular conforme el artículo 251; sin embargo esta disposición no puede ser entendida tal como surge de su literalidad sino en la que se explicitará seguidamente.

En efecto, estamos frente los supuestos en que el Fiscal aplica un criterio de oportunidad u ordena la desestimación de la denuncia o el archivo de las actuaciones, por cualquiera de las causales que la ley prevé (arts. 22; 273 y 289), decisiones –las dos ultimas- contra las cuales el querellante puede expresar disconformidad ante los superiores jerárquicos del Ministerio Público Fiscal que pueden ordenar la prosecución de la acción o ratificar la desestimación o el archivo del Fiscal inferior. En este último supuesto –y también cuando se aplique un criterio de oportunidad- el nuevo digesto prevé uno de los procedimientos más relevantes en cuanto a su modernidad. Así, ratificado el desistimiento de la denuncia, el archivo o aplicado un criterio de oportunidad, el querellante particular está facultado para proseguir la acción pública autónomamente y en forma exclusiva, esto es, ya no de manera conjunta con el Fiscal sino solo y mediante el procedimiento previsto para los delitos de acción privada (arts. 22; 291; 347 y ss.); para ello tiene un plazo perentorio de sesenta días hábiles desde la notificación de la decisión del órgano jerárquico del Ministerio Público Fiscal que haya ratificado la desestimación, el archivo o la resolución que aplica una regla de oportunidad.

Vale enfatizar que la acción penal no se convierte, en este supuesto, en privada sino que continúa siempre con su naturaleza derivada de un delito de acción pública a la que sólo se le aplica el procedimiento especial para las privadas como consecuencia de la política procesal adoptada.

En este supuesto el ofendido ya no actúa conjuntamente con el Fiscal sino en forma exclusiva sustituyéndolo en la acción pública. Por lo que –a diferencia del supuesto desarrollado más arriba- puede denominarse a esta otra categoría que prevé el digesto Santafesino como querellante particular exclusivo y autónomo por sustitución en delito de acción pública.

Ahora podemos ya regresar sobre la advertencia anticipada más arriba con relación a la literalidad del art. 251 que puede dar lugar a confusión, en cuanto expresa que la investigación penal preparatoria podrá quedar a cargo del querellante. Ya que tal expresión no puede ser interpretada como si la investigación oficial conducida por el Fiscal pueda pasar a manos del querellante cuando aquél abandona la acción por cualquiera de los medios señalados; ello así, porque cuando esto acontece el querellante puede continuar la acción pero mediante el procedimiento especial previsto para las acciones privadas, el que por su estructura no tiene una etapa previa de investigación sino que comienza con el juicio mismo provocado por la interposición de la querella. En consecuencia, el artículo 251 debe entenderse que expresa la forma autónoma en que puede actuar el querellante durante la investigación preparatoria pero siempre que la acción fiscal esté pendiente, o sea, en forma conjunta. Es legítimo interrogarse entonces: cómo concluirá de recolectar pruebas el ofendido para solventar su posterior querella sustitutiva en los casos en que el Fiscal hubiese ordenado la desestimación de la denuncia, el archivo o resuelto una regla de oportunidad ?. Y bien, en primer lugar puede utilizar legítimamente como pruebas el contenido de todas las actuaciones que se hubieren realizado en la investigación preparatoria hasta ese momento. Y además, aquellas que en forma privada puede obtener, tendiendo presente para esto que para promover la querella cuenta con sesenta días hábiles (art. 291); debiendo tener presente que en oportunidad de formular la querella en el procedimiento especial deberá ofrecer en ese acto toda las pruebas de las cuales pretende valerse, bajo sanción de invalidación (art. 350 inc. 5).

Facultades y deberes

Conforme lo normado por el art. 97 en cuanto a los derechos y facultades del querellante hace inicialmente una remisión a los derechos conferidos a la víctima de los cuales obviamente goza. Por lo tanto el querellante tiene las siguientes facultades: a promover y proseguir la acción penal pública; a recibir un trato digno y respetuoso; a la documentación clara, precisa y exhaustiva de las lesiones o daños que se afirman sufridos por causa del hecho motivante de la investigación; a obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación, debiendo notificársele la fecha, hora y lugar del juicio, así como la sentencia final cuando no concurriera a la audiencia del debate; a minimizar las molestias que deban irrogársele con motivo del procedimiento; a la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con el procedimiento regulado por el Código; a la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan a su favor, preservándolos de la intimidación y represalia, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada; a requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado en las cosas o efectos de su pertenencia; a obtener la revisión de la desestimación de la denuncia o el archivo, y a reclamar por demora o ineficiencia en la investigación ante el superior inmediato del Fiscal de Distrito. Cuando la investigación se refiera a delitos que afectasen intereses colectivos o difusos, las personas jurídicas cuyo objeto fuera la protección del bien tutelado en la figura penal, o en su defecto, cualquier habitante de la Provincia, tendrán la legitimación a presentar querella y a ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible; a proporcionar durante la investigación penal preparatoria elementos de prueba y solicitar diligencias particulares para el esclarecimiento del hecho objeto de la misma, la responsabilidad penal del imputado y la cuantificación del daño causado. Estas instancias serán presentadas al Fiscal interviniente, y su rechazo otorgará la facultad de proceder conforme lo establecido por el artículo 286, con el propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la solicitud o propuesta; a pedir medidas cautelares para asegurar el pago de la indemnización civil y costas; a asistir a las declaraciones de testigos durante la investigación penal preparatoria, con facultad para formular preguntas y pedir aclaraciones, pero no deberá necesariamente ser citado con anticipación, salvo que lo requiriere por escrito; a intervenir en el juicio dentro de los límites establecidos en el Código; a interponer las medidas que estime adecuadas para activar el procedimiento; a requerir pronto despacho; a formular acusación; a recurrir en los casos, por los medios y en la forma prevista para los representantes del Ministerio Público.

Acerca del Autor

Prof. Eduardo M. Jauchen
Prof. Eduardo M. Jauchen

Profesor Titular (por concurso) de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.

Ha ocupado los cargos de:
  • Presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa fe;
  • Profesor Adjunto de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UCSF;
  • Conjuez del Juzgado Federal de Santa Fe;
  • Jurado del Consejo de la Magistratura de la Nación para la Selección de Magistrados.
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