28-12-2011  |  12:00

Derecho a Recurrir el Fallo ante un Tribunal Superior

Por Prof. Eduardo M. Jauchen

a) Disposiciones normativas
Según la normativa prevista por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, inciso 5º: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescripto por la ley". Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en su artículo 8º, inciso 2º, letra h, que toda persona inculpada de un delito tiene "derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior". Estas disposiciones son normas supremas no sólo como instrumentos internacionales ratificados por el Estado sino además por haber sido luego expresamente incorporados, mediante la reforma de 1994, a la Constitución Nacional. Así, el derecho de recurrir la sentencia definitiva constituye para el imputado una garantía constitucional expresa y autónoma.

Aunque con redacción diferente pero con idéntico contenido, de ambas convenciones se extrae claramente que en el proceso penal la garantía del derecho al recurso está exclusivamente reservada para el imputado contra quien se ha dictado una sentencia condenatoria o bien, a pesar de ser absuelto, se lo ha obligado a cumplir con una medida de seguridad o corrección. Desde la vigencia de tales convenciones internacionales se produjo un cambio relevante en relación al anterior principio de bilateralidad en las facultades recursivas del enjuiciamiento penal. Así, actualmente, el Estado por medio de sus órganos judiciales carece de toda posibilidad de intentar un recurso cualquiera contra la sentencia absolutoria pretendiendo rever la misma a fin de continuar la persecución penal en procura de una nueva resolución que, mutando la absolución ya obtenida por el justiciable, pueda agravar su situación mediante una condena.

b) El Recurso acusatorio
La garantía de recurrir ante un tribunal superior que otorgan tanto la CADH como el PIDCP está establecida sólo a favor del imputado condenado, quedando vedado todo recurso acusatorio para los órganos estatales como también para los particulares que en su carácter de querellantes hayan tenido intervención en el proceso. En cuanto al actor civil, si bien la mayoría de las legislaciones procesales admiten su intervención en el proceso y en consecuencia tendría aunque limitada una facultad recursiva, actualmente la misma queda totalmente excluida ya que cualquiera fuese el contenido de postulación importaría siempre una impugnación, al menos parcial, de la sentencia absolutoria, por lo que, en razón de la directa operatividad de las normas superiores de las referidas convenciones, las disposiciones de los digestos procesales que le posibilitan al actor civil cualquier facultad revisora ante un tribunal superior sobre las resoluciones desincriminatorias devienen inconstitucionales. El derecho del imputado a recurrir la sentencia que lo perjudica obedece al principio del doble conforme, según el cual, para que el Estado pueda ejecutar legítimamente una pena contra una persona, si ésta la impugna es menester la doble conformidad judicial como significativa de que mediante la instancia de revisión, un tribunal superior, coincidiendo o discrepando con la condena impuesta, le otorgue mayor legitimidad a la misma como acto jurisdiccional del Estado y al mismo tiempo una mayor seguridad y tutela mediante la doble verificación para la persona enjuiciada. Esta mayor legitimación se dará tanto cuando el tribunal superior confirme la condena o la revoque absolviendo, porque la anulación o revocación de la condena por un tribunal de mayor jerarquía, y generalmente de mayor integración, como también su confirmación que implica dos veces el mismo resultado con aumento en la probabilidad del acierto en la decisión, confieren en cualquiera de los dos disímiles supuestos un aumento de legitimación de la decisión judicial. Si actualmente aún se pretendiese afirmar la constitucionalidad del recurso acusatorio, ello resultaría insostenible e impracticable debido a que, partiendo de la base ya expuesta de que el imputado condenado goza siempre de la garantía de recurrir el fallo condenatorio ante un tribunal superior, si se concediese la posibilidad al acusador de impugnar recursivamente la sentencia absolutoria y de este modo obtener ante el tribunal superior una condena, contra esta resolución condenatoria le cabe siempre al imputado el derecho al doble conforme, o sea, a recurrir la misma ante un tribunal superior de lo cual no puede ser privado; de este modo aun suponiendo que hipotéticamente este nuevo tribunal revocare la anterior condena obtenida por vía del recurso del acusador y éste podría, a su vez, volver a impugnar esta absolución, el imputado continúa siempre con el derecho a intentar nuevamente contra esta condena un recurso ante un tribunal superior, derecho del cual no puede ser privado; de inmediato se advierte que este absurdo mecanismo conduce inexorablemente al infinito, hipótesis impracticable e inconciliable con la lógica jurídica que preside los procedimientos judiciales que siempre deben tener un término. Además, indudablemente si se permitiese que la parte acusadora pudiese practicar un recurso acusatorio con el cual incluso se podría obtener la anulación del procedimiento de origen que concluyó con una absolución, se estaría sometiendo luego al imputado a una nueva persecución penal, lo que implicaría una inconcebible vulneración de la garantía del ne bis in idem. Pero semejante despropósito, sólo imaginable, ya no puede existir, no sólo por el absurdo puesto de manifiesto sino porque la vigencia de las convenciones internacionales ha cambiado la concepción bilateral del recurso en el proceso penal. Amén de los fundamentos expuestos, la razón de ser tiene aun raigambre más profunda. En efecto, si la Constitución de la Nación Argentina ha tomado como fuente la Constitución de los Estados Unidos, ese sistema importa un mecanismo según el cual al formular la acusación, el Estado por intermedio de los fiscales, asume de antemano que se provocará un juicio oral, público y ante un jurado, como única oportunidad para intentar una condena; si el jurado absuelve, declarando no culpable al imputado, el Estado carece de la posibilidad de intentar un recurso acusatorio porque ello importaría el riesgo a una doble persecución penal. En tal sentido, no se pueden ignorar las fuentes de nuestro Derecho Constitucional y la estructura de proceso penal que en Argentina únicamente puede comulgar con su Constitución. Sólo lo es aquel que se realiza públicamente, en forma oral y continuada, con la presencia ininterrumpida del imputado, su defensor y de los jueces del tribunal por jurados, cuya decisión absolutoria no puede ser materia de recurso por los órganos acusadores del Estado ni por acusadores particulares.

c) La ne reformatio in peius
Va de suyo, como ya se expuso más arriba, que del recurso del imputado nunca puede traer aparejada, por parte del tribunal superior, una resolución que agrave o perjudique aún más el alcance que tiene la sentencia condenatoria de origen, ello así en virtud de la prohibición de la reformatio in peius.

Si bien la Corte argentina no se ha expedido expresamente sobre este tema hasta el momento, cabe destacar que, tangencialmente, en un importante pronunciamiento ha declarado que "las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano, y no para beneficio de los Estados contratantes"; indica también seguidamente, que la exclusividad que la Convención Americana otorga a toda persona inculpada para poder recurrir a un tribunal superior importa una diferencia establecida a favor del imputado como voluntad del constituyente a fin de rodear al mismo de mayores garantías "sin que sea posible concluir que esta diferencia vulnere la Carta Magna, pues es una norma con jerarquía constitucional la que dispone tal tratamiento". En estos términos, la Corte puso claramente de manifiesto que los derechos y garantías individuales como derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales corresponden exclusivamente a las personas y no al Estado. El amplio espectro de tales disposiciones, por el contrario, tiene precisamente como origen, fundamento y finalidad poner límites al accionar del Estado, como cristalización normativa en procura de evitar todo desborde, arbitrariedad o autoritarismo. Así, actualmente el Estado ya no puede más intentar fundar su poder desbordante en desmedro de los ciudadanos en la idea de que el mismo como entidad no goza de tales garantías ni derechos individuales.

Si el imputado tiene derecho de solicitar por vía de recurso una revisión de la resolución que lo desfavorece, garantía que se otorga y que puede ejercer a fin de procurar un mejoramiento de su situación declarada en la resolución que impugna, sería un contrasentido que el tribunal superior decida su recurso defensivo empeorando aún más su situación. Lo previsto como derecho y garantía no puede aparejar un desmedro. Si así fuese el imputado se vería constreñido a no recurrir la sentencia injusta ante el temor de terminar sorprendido con una condena más gravosa. La mayoría de los códigos prevén expresas normas que consagran el principio de la ne reformatio in peius según la cual cuando se hubiere recurrido solamente por el imputado o a su favor, la resolución del tribunal superior no podrá modificar la resolución recurrida en su perjuicio.

d) Derecho al recurso como garantía exclusiva del imputado. Inconstitucionalidad del recurso acusatorio. Sin perjuicio de la naturaleza, propósitos y características que han tenido históricamente los recursos en todo procedimiento judicial, cabe aquí poner el acento que en el proceso penal el derecho a recurrir el fallo es una garantía de rango constitucional para el imputado. Contrariando este principio hay digestos procesales argentinos que prevén en sus disposiciones la posibilidad del recurso acusatorio, es decir, que contra la sentencia definitiva pueda deducirse recurso de casación o apelación, según sea el sistema de la legislación, no sólo por el imputado sino también por la parte acusadora, sea el querellante en los delitos de acción privada o el Ministerio Público y el querellante conjunto en los delitos de acción pública contra la sentencia absolutoria. Estas disposiciones devienen inconstitucionales por cuanto según la Constitución y los tratados internacionales, sólo se concede la garantía de recurrir la sentencia a "toda persona inculpada de delito" o "declarada culpable de delito", conforme a los artículos 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP respectivamente. Resultando ello corroborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al dictaminar que el recurso es un medio establecido a favor del inculpado, a quien se le permite "proteger sus derechos mediante una nueva oportunidad para ejercer su defensa". Por lo que no sólo el Estado se obliga a implementar un remedio procesal contra la sentencia definitiva que posibilite al imputado recurrir ante un tribunal superior, como una garantía sólo consagrada para él, no estando permitido que la parte acusadora pueda recurrir de la sentencia, lo que además resulta inconstitucional por otros motivos, como se expondrá seguidamente.

La garantía ampara a toda persona inculpada en tanto para poder ejecutarse contra ella una sentencia condenatoria es menester contar con la doble conformidad de dos tribunales que coincidan sobre la procedencia de la condena cuando el imputado así lo peticione. De acuerdo al procedimiento y a la estructura orgánica que establezca cada legislación, el primer tribunal será el de origen o primera instancia, el segundo necesariamente debe ser un tribunal con jerarquía superior, que por su naturaleza de composición y especialidad garantice en abstracto la idoneidad de una eficaz revisión y contralor de la condena originaria. La confirmación del tribunal de alzada en coincidencia total o parcial con la condena, además de otorgarle mayor legitimidad, habrá permitido al imputado ampliar su amparo frente a la pretensión del Estado para quebrar su estado de inocencia. La igualdad de criterio de dos tribunales, o "doble conforme" como se lo denomina, aumenta la probabilidad de que la decisión sea justa, o por el contrario, otorga la insoslayable posibilidad al imputado para que un órgano judicial superior revise el acierto de la condena del tribunal de origen y para el supuesto de que si la misma no se ajusta a derecho, por cualquier causa que fuese, sea revocada o anulada. El coherente amparo de sus derechos individuales se cierra si se comprende que lo peor que puede sucederle es la confirmación de la decisión impugnada, la que debe quedar en los mismos términos sin que, en virtud del principio del ne reformatio in peius, pueda el tribunal superior agravar su situación. Ello así, porque, como veremos, el recurso de la parte acusadora, previsto en algunas legislaciones y que es el único medio por el cual puede cambiar en su perjuicio la resolución originaria, es inconstitucional.

Ello pone de manifiesto que, más allá de la expresa consagración de la garantía, en normas de rango superior, como exclusiva para el imputado, su fundamento excede la previsión normativa para encontrar apoyo en razones de lógica procedimental, añadiéndose, a la ya expuesta, aquella que consiste en el hecho de que si se posibilitara el recurso acusatorio cabría inducirse que también, o a consecuencia del mismo, podría el tribunal de alzada resolver la nulificación de la resolución recurrida en perjuicio del imputado, sea a pedido del recurrente acusador o bien de oficio, lo cual resulta inconcebible desde que tal posibilidad resultaría frontalmente atentatoria contra la garantía de la defensa en juicio, agravándose en el caso de declaración oficiosa, supuesto en el que además se conspiraría contra la garantía de la imparcialidad.

Por lo tanto, en aquellas legislaciones, como la argentina, en las que se prevén la posibilidad de recursos acusatorios en el proceso penal, tales disposiciones son inconstitucionales por cuanto en primer término se vulnera, como vimos, la garantía de la defensa en juicio y de la imparcialidad; segundo, el ne bis in idem, según el cual se proscribe la múltiple persecución penal, simultánea o sucesiva, por un mismo hecho, conforme al artículo 14.7 del PIDCP en relación con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina. Y teniendo presente que en Argentina, según su legislación, la garantía que prohibe el doble juzgamiento está concebida no sólo en amparo contra la doble condena sino más ampliamente contra la posibilidad de doble persecución penal por el mismo suceso, esto es, contra el mero hecho de afrontar el riesgo de la promoción y prosecución de una acción penal por idéntica plataforma fáctica contra el mismo imputado, cualquier recurso acusatorio, ya sea contra sentencia condenatoria o absolutoria, representa la posibilidad de un riesgo de una condena más gravosa o de una revocación de la absolución por una condena, respectivamente, lo que deviene inconstitucional por las razones expuestas.

En tercer término, en virtud de la prohibición de la ne reformatio in peius, regla que prohibe al tribunal de alzada modificar la sentencia en perjuicio del imputado. Pues si bien se ha interpretado que este principio sólo involucra los supuestos de inexistencia de recurso del fiscal, equiparando incluso a este concepto los supuestos en que el fiscal recurre por vía de adhesión al recurso del imputado y a los que el fiscal de la alzada desiste del recurso interpuesto por el fiscal de origen, lo cierto es que en atención a los fundamentos que sustentan la garantía recursiva del imputado referente a la posibilidad de obtener el "doble conforme" de la sentencia, es dable concluir sin lugar a error que "la plena vigencia de la prohibición –imposibilidad absoluta de agravar la situación que resulta de la sentencia recurrida– conduce a la negación del recurso acusatorio, en tanto el límite máximo siempre estará constituido por la conformidad con la sentencia de condena originaria". La conclusión es lógica desde que si el recurso está concebido como una garantía a favor del imputado, nunca puede ser una vía para que otra parte empeore su situación obtenida en la sentencia.

Por lo tanto, no cabe duda alguna que en todos los países que se han adherido al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, máxime en Argentina que ambos, además, son parte de su Constitución Nacional, el recurso acusatorio en perjuicio del imputado y todas las normas procesales que así lo prevén son inconstitucionales.

e) Canales recursivos.
La legislación argentina ha establecido cuáles deben ser los mecanismos y canales recursivos que el imputado ha de observar a fin de ejercitar su derecho a recurrir la sentencia condenatoria ante un tribunal superior. Según la interpretación integrativa que cabe extraer de diferentes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, el superior tribunal de la causa a los efectos de deducir el recurso extraordinario de la ley 48 lo será el máximo organismo judicial que corresponda a la jurisdicción de radicación originaria del proceso; este órgano judicial debe ser a su vez el que haya dictado la resolución que se intenta revisar por la Corte Suprema como requisito para que haya fenecido según la exigencia del artículo 14 de la ley 48. De forma tal que frente a la sentencia definitiva del tribunal de origen el recurso debe intentarse ante las Cámara de Casación en las Provincias y luego sobre la resolución de estas ante los superiores tribunales locales en los supuestos de justicia provincial, o bien ante la Cámara Nacional de Casación Penal en los supuestos de la justicia federal. Éstos serán los superiores tribunales de la causa a los fines del posterior recurso extraordinario ante la Corte nacional, de modo que siempre es menester recorrer esa jerarquía de tribunales intermedios para poder llegar a la Corte. Ésta ha declarado que ello obedece al propósito de privilegiar la intervención de los tribunales intermedios pues ante ellos pueden encontrar las partes la reparación de los perjuicios irrogados en las instancias anteriores, además de posibilitar que el objeto a revisar por la Corte sea seguramente un producto más elaborado.

También es indudable que siendo para el justiciable imputado una garantía constitucional su derecho a recurrir el fallo condenatorio ante un tribunal superior, y no estableciendo la CADH ni el PIDCP ninguna limitación ni restricción a tal garantía, no pueden las leyes internas de un Estado fijar límites ni restricciones de ninguna naturaleza.

f) La revisión amplia. La doctrina de la CSJN en el caso "Casal".
Durante mucho tiempo se entendió en la jurisprudencia nacional y provincial que el recurso de casación como la primer y única vía impugnativa contra lo resuelto por el juez o tribunal del juicio oral solo estaba limitado a enmendar las cuestiones de derecho contenidas en la sentencia o resoluciones equiparables a ellas, o bien a específicos requisitos procesales que condicionan la validez de esos actos decisorios.

Por ello siempre se adoptó el criterio restrictivo en relación a la admisibilidad de las cuestiones a tratar, resolviéndose invariablemente que no eran susceptibles de discutirse mediante el mismo las conclusiones de hecho del tribunal de juicio o la valoración de las pruebas realizadas por el mismo , y que, por lo tanto, a diferencia de lo que existe con el recurso de apelación, en la casación únicamente se admite la posibilidad de que el tribunal realice un nuevo examen del objeto sólo bajo el aspecto de una revisión jurídica.

Este temperamento extremadamente restrictivo debía sufrir un cambio en cuanto a su alcance y una nueva visión del recurso de casación luego de la reforma constitucional del año 1994 debido a que el mismo es el recurso que cabe contra la sentencia del juez o tribunal oral y en consecuencia en virtud del derecho del imputado condenado a tener un recurso ante un tribunal superior que revise su condena a fin de obtener el "doble conforme" o bien la absolución o anulación de la misma, ese temperamento restrictivo ya no comulgaba con tal garantía introducida al ordenamiento jurídico nacional y con obligaciones internacionales.

Fue así que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Casal", por las razones expuestas a las que se le añadieron los mandatos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró que en la legislación argentina el recurso que debe satisfacer la referida garantía constitucional es el de casación.

Más allá de que el criterio restrictivo que siempre se le había otorgado a la casación en cuanto al exclusivo propósito de revisar las cuestiones de derecho con el objeto de unificar la interpretación de la ley se torna atentatorio de la garantía constitucional en cuestión, lo cierto es que, además, una conceptualización adecuada a los alcances que merece otorgarle al inciso 2do del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación viene a solucionar en gran medida el problema si se tiene en cuenta que a su vez uno de los motivos expresos de nulidad de la sentencia es aquel en el cual le faltare o fuere contradictoria su fundamentación. Motivación que conforme al sistema de valoración de la prueba que rige es el de la sana crítica, esto es, de acuerdo a: las máximas del recto entendimiento humano, el principio de logicidad mínima, razón suficiente, ausencia de contradicción, la psicología y la experiencia. En este orden de ideas nada impide que de conformidad con tal normativa y adoptando el criterio amplio que cabe asignarle a la casación, este tribunal al resolver el recurso agote su capacidad de revisión con todo el esfuerzo a su alcance para revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable.

Lo revisable entonces, que ahora se debe añadir a todas las otras causales de procedencia del recurso, es la valoración de las pruebas realizadas por el tribunal de mérito y si estas se compadecen con los principios de la sana crítica y de la adecuada fundamentación, todo lo cual, como vimos, antes le estaba vedado.

Ahora bien, el necesario otorgamiento de esta facultad de revisión amplia no puede significar que tenga el alcance de incursionar en lo que conforme a la jurisprudencia pretoriana de la Corte se denomina un examen sobre la arbitrariedad de la sentencia con los alcances conceptuales que solo le corresponde hacerlo a la Corte como máximo Tribunal en su revisión de constitucionalidad. Pero debido a la concepción de una casación amplia, esta ya es ahora una instancia en la que pueden resolverse cuestiones sin necesidad de que sea luego menester el recurso extraordinario ante la Corte. Pues debiendo revisar la casación tanto los supuesto en los que en la valoración de la prueba no se ha aplicado la sana critica como aquellos en los que no se aplicaron correctamente, solo le queda a la Corte reservado aquellos supuestos de arbitrariedad extrema en los que la sana critica no se haya aplicado.

Ahora bien, luego de los conceptos vertidos, cabe discernir qué es lo que la Cámara de Casación puede revisar teniendo en cuenta que la oralidad del debate se caracteriza fundamentalmente por su desarrollo de viva voz, públicamente y con la inmediación de todas los sujetos procesales y que debido a la escasa registración que de lo actuado generalmente queda de los actos del mismo, desde no son obligatorios para su validez en razón de su propia naturaleza, resulta aparentemente dificultoso que el Tribunal de Casación pueda hacer una revisión completa de la sentencia del Tribunal del juicio.

Cabe entonces aclarar que si bien se impone una revisión amplia ello no implica revisión completa, obstáculo que obedece a la propia naturaleza del juicio oral y a las garantías que el mismo ya ofrece por su publicidad y por la integración colegiada del Tribunal de juicio en los delitos graves.

Por ende, el necesario esfuerzo y agotamiento de la capacidad de revisión que el Tribunal de Casación debe realizar para satisfacer la garantía constitucional en cuestión estará ceñida a todas aquellas cuestiones de las que de conformidad con el contenido de la sentencia y del acta de audiencia permitan juzgar si la misma tiene motivación suficiente conforme a la sana critica o si teniéndola es correcta o incorrecta. O sea, en cuanto a la valoración de la prueba en tanto le resulte posible por el contenido mismo de la sentencia, más no de aquellas cuestiones que no surgiendo del pronunciamiento escapan a su factibilidad de conocimiento por haber sido realizadas directa y únicamente en el ámbito de la inmediación del debate y por lo tanto ninguna constancia exista de ellas.

Por ello no lo es exigible en el esfuerzo y agotamiento de revisión que la Casación intente ingresar en circunstancias inverificables, que por haber sido el producto directo y personal de la inmediación resulten imposible de merituar, ni que intente escudriñar en ellas de oficio como tampoco ante las versiones de la parte recurrente, pues en este caso se incurriría en el juzgamiento de extremos que no constan en la causa con las nefastas consecuencias que ello traería aparejado.

No puede dejar de tenerse en cuenta que, más allá de su restringida naturaleza jurídica y limitado contenido, el acta del debate puede servir en muchos casos como acto útil que la realización del esfuerzo de revisión, pues ella permite verificar la prueba producida y su utilización en la sentencia, confrontándola con el documento que debe reflejarla. Ese cotejo resultará el tránsito obligatorio para verificar los motivos de la casación formal no solo inherente a la motivación de la sentencia en los actos del debate, sino también en cuanto a la observancia de los presupuestos procesales. De especial ayuda serán entonces las menciones que el acta del debate contenga sobre especiales manifestaciones de testigos, peritos o del imputado cuando el Tribunal de oficio o a pedido de parte las haya ordenado. Sin embargo, va de suyo que este es un derecho del cual no puede abusarse al punto tal de transformar un debate oral en una audiencia "verbal y escrita" sistema propio del juicio escrito y que precisamente conspira con la oralidad.

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad que otorgan las normas de los digestos procesales para que en causas con prueba compleja el Tribunal pueda disponer que el Secretario resuma al final de cada declaración o dictamen la parte sustancial que deba tenerse en cuenta, como también ordenar la grabación o la versión taquigráfica o videograbación, total o parcial del debate, se ha sostenido que estas registraciones no pueden constituir aporte de carácter probatorio; que no integran el acto del debate y que solo pueden ser utilizadas por los integrantes del Tribunal en el momento de la deliberación, razón por la cual no pueden ser agregadas al expediente en salvaguarda de la oralidad.

Esta concepción no puede ya sostenerse por dos razones. La primera porque el fundamento en el cual se sustentaba era que en virtud de la oralidad y su consecuente inmediación el Tribunal del juicio era soberano en las decisiones sobre las cuestiones de hecho y valoración de la prueba y en consecuencia irrevisables por medio del recurso de casación, basamento que, como hemos visto, el fallo "Casal" que le otorga al mentado recurso una necesaria revisión amplia no puede seguir afirmándose. La segunda, porque sin perjuicio de lo expuesto, esa concepción encerró siempre un error en cuanto no es correcto sostener que los resúmenes de declaraciones no puedan integrar el acta de audiencia, ni que en dicha acta no quede constancia de las grabaciones, videograbaciones o versiones taquigráficas que en su caso se hubieren realizado, pues las normas que la permiten están dentro del Capítulo de cada digesto que refiere específicamente al acta de audiencia, de modo que en ella debe quedar constancia de que se ha realizado alguna de esas registraciones, quién las efectuó, durante que tiempo y luego precintar, firmar y sellar el soporte que las contenga.

Cuando la declaración o el dictamen resulten en alguna de sus partes de absoluta relevancia para la causa, la constancia del resumen de la misma o de alguna frase especial no solo puede ser dispuesta por el Tribunal sino también a pedido de cualquiera de las partes, a las que el Tribunal no puede negar tal derecho salvo supuesto de notoria impertinencia.

Por ello que esos resúmenes, deben integrar al acta de audiencia, como también en la misma se debe dejar constancia de las grabaciones, filmaciones o versiones taquigráficas que en su caso se hubieren realizado. Y a su vez las partes pueden solicitar copia de ellas a los fines de realizar su adecuada defensa.

No cabe dudas entonces que no solo de lo que surja del contenido propio de la sentencia sino también del contenido del acta de audiencia, y en algunas ocasiones en que se efectúen registraciones como las mencionadas, pueden resultar de ayuda para las parte y para el tribunal de Casación en su tarea de realizar la revisión amplia de lo decidido.

Acerca del Autor

Prof. Eduardo M. Jauchen
Prof. Eduardo M. Jauchen

Profesor Titular (por concurso) de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.

Ha ocupado los cargos de:
  • Presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa fe;
  • Profesor Adjunto de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UCSF;
  • Conjuez del Juzgado Federal de Santa Fe;
  • Jurado del Consejo de la Magistratura de la Nación para la Selección de Magistrados.
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