10-10-2012  |  10:52

Sistema Acusatorio Adversarial

Por Prof. Eduardo M. Jauchen

El sistema de enjuiciamiento inquisitivo se caracterizaba esencialmente por concentrar los poderes de investigar, acusar y juzgar en una misma persona (el inquisidor), quien como delegado del poder (Monarca o Príncipe) ejercía la jurisdicción en una plenitud desmedida y monopolizante de todos los extremos del procedimiento. Con ello se confundían en la misma persona, las instituciones procesales de acción y jurisdicción lo que representaba por antonomasia la negación absoluta de la imparcialidad como elemento inherente a la administración de justicia. El ciudadano acusado carecía de derechos y era solo un objeto de persecución, a quien incluso se podía someter a tormentos a fin de procurar su confesión, la cual acreditaba sin más el hecho. El procedimiento se caracterizaba por ser secreto y escrito, en el cual no existía la posibilidad de debate o contradicción sobre los argumentos ni las pruebas. El inquisidor actuaba de oficio, investigando e incorporando pruebas. Y ponderaba la viabilidad del castigo con base en una tabulación prefijada del valor que a cada elemento probatorio debía otorgársele según lo establecía la normativa preexistente, de manera que estaba sujeto a lo que las disposiciones regulaban sin tener margen para su interpretación personal, era el denominado sistema de pruebas legales o tabuladas.

En cambio, el sistema acusatorio se caracteriza por el nemo iudex sine actore y ne procedat iudex ex officio, o sea, en separar las instituciones procesales de la acción con la de la jurisdicción. La jurisdicción es el poder de juzgar, debiendo solo estar reservada a los jueces letrados o jurados con la dirección de un juez letrado, y para cumplir esa misión en el proceso deben mantener una posición equidistante de las partes y distante del objeto del mismo, o sea, imparciales, lo cual se logra cuando solo cumplen durante el enjuiciamiento una actividad expectante sobre la actividad de las partes, quienes son las únicas autorizadas para introducir las pruebas, estándole vedado al tribunal hacerlo de oficio pues ello vulneraria la imparcialidad que debe conservar hasta el momento que finalmente debe decidir sobre el producto del debate de las partes. El tribunal ejerce la jurisdicción así, solo como arbitro, ajeno a la contienda de las partes. Esto es posible en tanto la persecución penal como investigación y prosecución de la acción también le esta absolutamente vedada, pudiendo solo ejercerla un sujeto ajeno al tribunal: acusador del Estado (fiscales) o privados (querellantes) según sea el sistema que se adopte. Este exclusivo poder para promover la acción en manos de un acusador ajeno al tribunal es precisamente el fundamento de su denominación como sistema opuesto al inquisitivo (acusatorio). También las diferencias que lo caracterizan radican que en el acusatorio el ciudadano imputado no es más un mero objeto de persecución sino parte en el proceso, y por lo tanto sujeto de derechos. Ellos se realizan por vía de otra característica propia consistente en que el procedimiento se lleva a cabo mediante una previa investigación a fin de ponderar si existen pruebas suficientes que ameriten llevar al imputado a juicio, y este, el juicio es en su caso el eje fundamental del proceso, etapa que se realiza en forma publica, oral, continuada y con posibilidad absoluta del pleno y directo contradictorio entre las partes en inmediación ante el tribunal. La decisión del tribunal no esta sujeta a valorar la prueba conforme a normas que prefijen su valor sino a la libre o intima convicción según sea que se juzgue por medio de tribunales letrados o de jurados legos respectivamente.

Como se advierte, el acusatorio es el único sistema de juzgamiento que tanto filosófica como normativamente se erige como acorde al debido proceso penal. Lo primero porque solo de este modo es posible, separando los poderes de acción y jurisdicción, que el tribunal o jurado, sean imparciales en abstracto, cualidad esencial e inherente al acto humano de hacer justicia. Lo segundo, porque la garantía de la imparcialidad esta normativamente impuesta por las constituciones y los tratados internacionales.

Cabe advertir que si bien se suelen utilizar los términos acusatorio y adversarial como si fuesen sinónimos, no es tan así. El género que caracteriza el sistema es la imposibilidad de que el tribunal pueda actuar de oficio sino solo cuando exclusivamente fuese activado por la petición de la parte acusadora (acusatorio). Lo adversarial es un elemento inherente del sistema acusatorio, un desprendimiento del principio de contradicción. Por otro lado, si bien en el debido proceso el contradictorio debe imperar durante todas sus etapas, en tanto posibilidad de contralor de lo actuado, no es posible ejercerlo de igual modo durante la investigación por su propia naturaleza, que durante el juicio. En suma, la contradicción adversarial plena es la que se realiza durante la etapa del juicio.

Si conforme lo exigen la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el juicio penal debe ser público y frente a un tribunal independiente e imparcial, la única forma de cumplir con esas exigencias impuestas por los Tratados Internacionales y por la Constitución Nacional, es que el juicio sea oral y esquematizado bajo un sistema acusatorio y adversarial puro. Pues no puede haber publicidad sin oralidad, ni imparcialidad sino solo cuando el procedimiento es solo adversarial y por lo tanto quitándole al tribunal toda facultad para: actuar de oficio en la promoción de la causa, en la incorporación de la prueba, y en el interrogatorio y contrainterrogatorio de los testigos y peritos.

En el proceso penal moderno la producción de la prueba es un método con el propósito de que cada parte demuestre las afirmaciones sobre su versión del caso y pueda al mismo tiempo debilitar o invalidar las pruebas con la que la contraparte intenta demostrar su versión, para que el final el tribunal, mediante razonamientos, análisis y reflexiones sobre lo que a presenciado de tal producción, pueda resolver con el mayor grado posible de certeza la tesis acusatoria que lo provoca, para lo cual es necesario que el tribunal conozca profundamente los hechos y sus circunstancias. El sistema de pruebas en la época actual, es un método de razonamiento que indica cómo se debe proceder para investigar, acusar y juzgar a una persona. Dentro de este proceder como debate oral, debe necesariamente ser contradictorio o de discusión dialéctica. El debate oral debe estar presente durante todo el proceso, fundamentalmente la prueba se debe presentar oralmente en el juicio, en audiencia pública, en forma directa y personal por todas aquellas personas que deban declarar; esta inmediación prohíbe que esa actividad pueda sustituirse por la lectura de actas de sus declaraciones anteriores en la que ni los jueces y quizás ni las partes estuvieron presente. Pero con respecto a las partes no basta con que hayan estado presentes en esos actos anteriores de investigación, pues en ellos no tienen las facultades de controlar y contradecir ampliamente su producción.

Este proceso penal, impone abandonar todo modelo penal inquisitivo y avanzar hacia otro con una orientación de carácter adversarial, reestableciendo la imparcialidad del tribunal, lo que necesariamente trae consigo el contrainterrogatorio como vía principal para materializar el principio de contradicción, dar confiabilidad a la prueba y controlar la veracidad de testigos y peritos. Pues solo mediante el contrainterrogatorio directo, libre, amplio y pleno es posible verificar la confiabilidad y credibilidad de sus declaraciones, de modo que pasadas por este filtro, queden descartadas o aceptadas en cuanto a su eficacia acreditante. Con la denominación de acusatorio-adversarial se individualiza el rol de los actores en el juicio, ya que el fiscal o acusador público ejerce la potestad persecutoria, y la defensa técnica se opone la pretensión punitiva del Ministerio Público.

El sistema adversarial, permite el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, el re-directo y el re-contrainterrogatorio, como mecanismos por excelencia de producción de prueba en el juicio oral. Estas figuras están sujetas a ciertas reglas, procurando asegurar la espontaneidad del testimonio y su veracidad en función de la oportunidad de contradicción. El Juez es el receptor imparcial del producto de todas las pruebas incorporadas durante el debate; pero también cumple la función de árbitro, en tanto decide las cuestiones preliminares de conducencia, pertinencia, abundancia, acreditación, autenticación, producción y exhibición de las pruebas.

A los jueces les debe interesar que la contraparte realice cabalmente su rol, para resolver con las mejores garantías el caso concreto. Pues es información obtenida de primera calidad, pues la confrontación, como derecho de defensa, permite también que el juez pueda aceptar una información que ha sido debidamente procesada y puesta a prueba. Previamente la trasladará a la contraparte para que sea quien logre desmentirla o desvirtuarla utilizando toda su capacidad para contradecirla, a través del contraexamen. Esto es lo que se denomina proceso de depuración de la información, que solo se logra con un contraexamen o contrainterrogatorio en un juicio oral, público y contradictorio

Decimos que el sistema es adversarial, porque el juzgamiento discurre bajo el principio de contradicción exclusivamente entre el fiscal y el defensor. Las partes deben diseñar su planteo del caso, desarrollar un conjunto de destrezas, aportar pruebas, realizar interrogatorios y alegar sobre todo lo incorporado al juicio. El juez tiene un rol relativamente pasivo, actúa solo con base al principio de justicia rogada, interviene para impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos impertinentes o inadmisibles, sin coartar el razonable ejercicio de la acusación y de la defensa.

Sin embargo, el debate oral no debe ser interpretado en sentido negativo como discordia, sino por el contrario de manera constructiva, como camino hacia una solución. En la controversia se exponen hipótesis opuestas que son objeto de una libre discusión, y ello favorece la búsqueda de la verdad. La oralidad tiene la ventaja de que pone a las partes frente a frente para que le hablen directamente al juzgador, sin intermediarios (principio de inmediación). A su vez, el tribunal percibe de forma personal y directa la práctica de la prueba, observa y escucha con análisis crítico las intervenciones opuestas de las partes. La controversia es también útil para las partes en conflicto, ya que permite conocer otros puntos de vista y así, en su caso, rectificar los propios.

En el juicio adversarial, el debate se torna necesario, pues al motivar su decisión, el tribunal expresa sus razones y fundamentos que habrá de extraerlos luego de destilar el producto útil que ha quedado de la confrontación. Por ello tal motivación exige someter el derecho y la prueba a controversia. Así tenemos que cada una de las partes al desarrollar sus tesis se convierten en colaboradores del tribunal en tanto al defender cada una de ellas la versión de su planteo del caso y refutar el de la contraria, le aportan ideas y elementos para que pueda decidir con la mayor aproximación posible a la verdad luego de valorar los contrapesos de la balanza.

En el sistema adversarial la actuación está orientada por la idea del debate, de contradicción, de lucha de partes contrarias, con intereses adversos. Es un diálogo abierto entre los intervinientes del proceso, sujeto a acciones y reacciones, quienes armados de la razón luchan por el predominio de su tesis. Se caracteriza por ser bilateral y lo rige el principio de contradicción. Tiene como aspecto esencial una cuestión litigiosa entre partes que sostienen posiciones contrapuestas con sendos argumentos afirmativos y negativos y recíprocamente, buscando cada una la imposición de sus postulaciones, pero de modo pacífico y civilizado, por medio de la razón y no de fuerza. La contradicción es una de las características humanas del proceso penal moderno.

Las partes pueden discrepar acerca de la existencia o inexistencia de los hechos, de la valoración de las pruebas, de la selección de la norma o puede suceder que a pesar de que estén de acuerdo en dicha selección, diverjan en los métodos o teoría escogidos para interpretar la norma jurídica.

Por ello es relevante la forma en que se estructure desde el inicio el planteo del caso; pues será la brújula del litigante, el mapa sobre el que se ha diseñado el transcurso del proceso. Es el planteamiento que el fiscal y el abogado defensor hacen sobre los hechos penalmente importantes, los fundamentos jurídicos que lo apoyan y las pruebas que los sustentan. Es la visión estratégica para afrontar el juicio oral.

Las partes de un discurso jurídico deben tener como objeto rebatir las posiciones que asumen las partes contrarias o funcionarios en un proceso. Es ahí donde predomina en el juicio el principio de contradicción que implica cargas y deberes para cada uno de los litigantes, por cuanto comprende la defensa en igualdad de oportunidades y derechos.

La argumentación judicial tiene un objetivo genérico y uno o varios objetivos concretos, que al ser realizados permiten construir lógicamente el discurso. El objetivo genérico es persuadir y convencer al tribunal. Persuadir, significa ganar la adhesión a la tesis o planteo del caso que se afirma, es lo que se desea que el tribunal crea y decida. El objetivo u objetivos concretos versan sobre lo que de manera específica se desea que el tribunal comprenda, haga y decida. Con la incorporación de las pruebas propias, el contraexamen de las pruebas de su adversario y los discursos persuasivos, cada una de las partes plantea una hipótesis y la argumentación con el fin de instalar en la mente del tribunal su versión como la única que se corresponde con la realidad de los hechos que son objeto del proceso y que le resultan favorables para vencer en la contienda.

BIBLIOGRAFIA:

JAUCHEN, Eduardo, Tratado de Derecho Procesal Penal, T. I, Edit. Rubinzal, 2012

Acerca del Autor

Prof. Eduardo M. Jauchen

Profesor Titular (por concurso) de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.

Ha ocupado los cargos de:
  • Presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa fe;
  • Profesor Adjunto de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UCSF;
  • Conjuez del Juzgado Federal de Santa Fe;
  • Jurado del Consejo de la Magistratura de la Nación para la Selección de Magistrados.
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