09-10-2012  |  13:40

La Misión del Abogado Penalista

Por Prof. Eduardo M. Jauchen

La misión del abogado penalista solo se comprende recordando que paralelamente a la defensa material que personalmente le corresponde al propio cliente como derecho inalienable, se adhiere como exigencia constitucional necesaria en el proceso penal la defensa técnica, que es la ejercida solo por abogado, quien debe desplegar una actividad científica, encaminada a asesorar técnicamente al imputado sobre sus derechos y deberes; controlar la legalidad del procedimiento, el examen crítico de la producción de las pruebas de cargo y de descargo, la exposición crítica de los fundamentos y pruebas de cargo desde el doble enfoque de hecho y de Derecho; recurrir la sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad.

Guillaume de Lamoignon (1617-1677), primer presidente del Parlamento de París, expresó que: “el abogado o consejo que era la costumbre el dar a los acusados no es un privilegio dado por las ordenanzas ni por las leyes: es una libertad adquirida por el derecho natural, que es más antiguo que todas las leyes humanas. La naturaleza enseña al hombre a tener recursos a las luces de los demás, siempre que él mismo no posea bastante para conducirse, y a que busque socorros cuando se reconoce demasiado débil para defenderse a sí mismo”.

Está siempre presente en algunos legos el cuestionamiento de cómo es posible que un abogado defienda al “delincuente”, más aún cuando quizás sabe que lo es; pero más grave es que incluso algunas personas ilustradas discriminan a abogados que defienden a acusados de hechos de ciertas características, guiados por la irracional animosidad que despierta la truculencia de ciertos delitos. Evidentemente que todo ello responde al grueso error de asociar mentalmente al abogado con su defendido y el delito que se le atribuye. Respecto a los legos es hasta cierto punto comprensible tal asombro, que sólo es fruto de su justificable ignorancia. Pero realmente reprochable son las nombradas en segundo término, a quienes incomprensiblemente su cultura no les ha alcanzado para comprender los verdaderos fines, justificación y necesidad de la defensa técnica del acusado en un proceso penal, cualquiera sea el grado de atrocidad y repugnancia que represente el hecho que se le atribuye, cualquiera sea la ideología o partidismo político, sus creencias religiosas, su raza o nacionalidad, su nivel social, sus antecedentes, y aun cuando estas cuestiones pudieran haber tenido incidencia en la comisión del hecho. Pensar que por alguna de estas razones o cualquier otra semejante alguien no sea merecedor de la defensa de un abogado, y además reprochar al abogado que lo hace, es una postura extremadamente discriminatoria, totalitaria, y en consecuencia como contrapartida, conduce al absurdo de que sólo sería admisible una selectividad para gozar de la defensa de un abogado, lo cual aparentemente estaría sólo reservada en definitiva para los inocentes, o en fin, para quienes gozan de la simpatía de quienes piensan de ese modo, lo que representa una subjetividad absoluta, ostensiblemente discriminatoria e inhumana, abiertamente intolerable en un Estado de Derecho.

Además, el abogado no asume nunca la defensa de un “delincuente”, sino de una persona imputada de haber cometido un delito que goza de estado de inocencia, y que, por lo tanto, es necesario el juicio previo para verificar aquella hipótesis, en el que sólo mediante pruebas eficaces que edifiquen con grado de certeza su culpabilidad puede ser condenada. Será entonces “delincuente” recién cuando haya sido condenado por sentencia firme.

Por estas razones, el Derecho Procesal Penal presume iuris tantum que, sin perjuicio de su defensa material, el imputado no goza de capacidad suficiente para defenderse por sí mismo, siendo necesaria y obligatoria además su defensa técnica.

Ahora bien, la necesariedad y obligatoriedad de la defensa técnica no es suficiente para cubrir eficazmente la garantía constitucional. Además, ella debe ser efectiva y refutadora de la tesis acusatoria. De modo que sólo es válida aquella defensa que esgrima fundadamente la antítesis de la acusación.

En efecto, a diferencia de lo que acontece en el Derecho Privado, no basta con que al accionado se le dé la oportunidad para defenderse; en el proceso penal, para ser eficaz, debe realizarse efectivamente y ser necesariamente crítica de todos los argumentos acusatorios. Insoslayablemente debe ser un contraste o antítesis cuestionadora de la incriminación. Es imprescindible que el defensor en su función agote pormenorizadamente una razonada refutación de las pruebas y fundamentos de cargo, tanto desde el punto de vista de hecho como de Derecho. Pues va de suyo que la actividad del defensor que se allane, preste conformidad u omita cuestionar fundadamente algún extremo relevante de la acusación, equivale no sólo a una omisión de defensa en sí, sino además trocar la posición para la cual está precisamente destinado, pues con tales posturas, que al fin son coadyuvantes a la acusación, se termina ubicando al imputado en peor situación que si la defensa se hubiese omitido. De donde forzoso es concluir que si el acto no se puede omitir, no puede tolerarse que el que se cumpla sea ineficaz o perjudicial para el imputado, lo que ciertamente no satisface la garantía constitucional.

La defensa técnica entonces no sólo debe realizarse efectivamente, sino que además ella debe ser una concreta manifestación de fundada disconformidad con la tesis incriminatoria, aun cuando el imputado esté confeso, haya sido sorprendido en flagrancia en la comisión del hecho o se niegue a defenderse. En todos los casos pueden existir circunstancias que demuestren que tales extremos no son lo que aparentan, que no sea legal la prueba obtenida, que existan motivos de atipicidad, justificación o inculpabilidad. A menudo tras la apariencia de lo concluyente subyacen innumerables razones que pueden demostrar que la verdad de lo acontecido no se compadece, de hecho o de Derecho, con la tesis acusatoria.

Por ello, el proceso es una dialéctica entre tesis y antítesis, como mecanismo necesario para escarbar sobre la verdad de la hipótesis objeto del mismo; cuanto más aguda sea la confrontación, mayor será el panorama que tendrá el tribunal para decidir con justicia. Cuando más ineficaz es la antítesis, mayor es la posibilidad de que el tribunal juzgue erróneamente. De modo que entre la idoneidad de la defensa y la justicia del pronunciamiento judicial existe una íntima relación.

Con acierto se ha sostenido que “El defensor no es un resorte objetivo de la justicia, un defensor de la verdad, sea favorable o no al imputado, sino un elemento esencial en cuanto debe cumplir, por definición, una misión unilateral [...] Para ser fiel a su posición de guardián de los derechos e intereses del imputado, sólo puede actuar a favor de éste, de modo que le está vedado absolutamente toda actividad perjudicial a su cliente, no por razones de un convenio o contrato de locación de servicio o de obra, sino por fuerza de una situación jurídica que se inspira también en el interés público [...] Este concepto fundamental permanece incólume, por cierto, aun cuando actúa como defensor del imputado un funcionario público” (Vélez Mariconde) .

En igual sentido, pero enfatizando especialmente el contenido de la función, se expresó que “Si la acusación es, por tanto, el desarrollo racional de la pretensión penal, la defensa es su razonada contestación: aquí aflora el concepto de contestación; elaborado también él, como opuesto al concepto de pretensión, por la teoría general del proceso; contestación de la pretensión es la exigencia del no castigo del imputado; de la misma manera que a la exigencia de su castigo la acusación le proporciona razones, así las proporciona la defensa a la exigencia opuesto” (Carnelutti).

Estos postulados puestos de manifiesto por el célebre autor italiano son remarcados con vehemente insistencia a lo largo de toda su obra: “Ante todo hay que reflexionar que la oposición entre las partes es útil, o más bien necesaria al juez” (Carnelutti). Y ya con su característica sabiduría, que transmitía lo técnico de modo casi poético, en otra obra enseña que: “El defensor es y debe ser un razonador de pie forzado, esto es un razonador parcial; un razonador que trae agua para su molino”, porque si no fuera así, “no solamente traicionaría su propio deber sino que estaría en contradicción con su razón de ser en el proceso, y el mecanismo de éste resultaría desequilibrado” (Carnelutti).

De ahí el error en que algunos autores e incluso algunas leyes incurren: el de pretender considerar al abogado defensor como un “auxiliar de la justicia”. Ciertamente no es, ni puede ser así. Esta expresión es sólo un resabio “figurado o metafórico” con origen en el sistema inquisitivo que entendía que el acusado no tenía derecho a una verdadera defensa y que quien lo asistía tenía preferentemente un compromiso con la verdad y con la religión antes que con su propio cliente. Tal atrocidad conspiraría actualmente con la garantía constitucional, el abogado no es auxiliar de la justicia ni del juez. “Según nuestro régimen constitucional, el defensor es un asistente directo del imputado; en tal carácter, debe guiarse por los intereses y necesidades de su cliente. No cumple una función pública, sino que asesora a una persona en particular. Su misión y su actuación, conforme a las reglas éticas, debe ceñirse a defender los intereses del imputado. En la medida en que lo haga, el defensor estará contribuyendo a que ese proceso responda a las exigencias del Estado de Derecho, y en esto último consiste su función pública o social” (Binder).

Esto de manifiesto, muestra el porqué desde siglos, la misión del abogado penalista es una sublime faena que debe cumplir. Es aquél a quien toda persona que padece un grave conflicto en la que está en juego nada menos que su libertad, oprimido por la angustia e inmerso en semejante drama, recurre a su sapiencia y experiencia para que lo ayude, para que abogue por el, para que lo defienda.

BIBLIOGRAFÍA
JAUCHEN, Eduardo, Tratado de Derecho Procesal Penal, T. I, Editorial Rubinzal, 2012.

Acerca del Autor

Prof. Eduardo M. Jauchen

Profesor Titular (por concurso) de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.

Ha ocupado los cargos de:
  • Presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa fe;
  • Profesor Adjunto de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UCSF;
  • Conjuez del Juzgado Federal de Santa Fe;
  • Jurado del Consejo de la Magistratura de la Nación para la Selección de Magistrados.
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